El ejercicio del comercio supone siempre la asunción de riesgos, muchos de ellos derivados de la propia coyuntura macroeconómica en la que empresas y economías domésticas se desarrollan. La tasa de morosidad es un factor sensible a los ciclos económicos de recesión y expansión de la economía, y el principal efecto redistributivo de la Inflación, es el que se produce en el valor real de la riqueza de los individuos. La Inflación imprevista redistribuye la riqueza de los acreedores a favor de los deudores, favoreciendo a los prestatarios de dinero y perjudicando a los que lo han prestado. En un contexto como este, las empresas pueden llegar a comportarse como entidades de crédito, otorgando aplazamientos de pago a sus clientes lo que las lleva a la asunción de unos riesgos crediticios muy elevados y en el peor de los casos, que no la minoría, a una situación irremediable de desventaja competitiva que determinará el futuro del proyecto empresarial.

No obstante, e independientemente del ciclo macroeconómico del que partamos, el peligro que la existencia de morosidad representa para las empresas, es una cuestión que puede ser tratada y corregida “localmente” de forma eficiente. Una de las más coherentes y prácticas, es concienciarse de la necesidad de una adecuada documentación para cada una de las operaciones comerciales que se realizan, al objeto de proteger eficazmente el riesgo de impago que de las mismas puede derivarse. Es necesario garantizar el cobro mediante un adecuado aseguramiento jurídico de todas aquellas operaciones realizadas con los clientes. Una buena documentación legal, blindará judicialmente el derecho de crédito de toda empresa, lo que a la postre se traducirá en un ahorro de costes y disgustos innecesarios.